La Fundación INTEGRA se reúne con el director Xeral da Función Pública.
El 25/03/2010 la Fundación INTEGRA se reunió con el director Xeral da Función Pública de la Xunta de Galicia para solicitarle que en la próxima oferta de empleo público de la Xunta de Galicia:
1.- Haya una reserva específica para personas con discapacidad intelectual.
2.- Las pruebas y contenidos de las mismas sean distintas a las que se hacen en el turno libre, dado que una persona con discapacidad intelectual nunca podrá realizar un examen – oposición en igualdad a otro tipo de discapacidad.
En base a la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de Diciembre de 2006 y ratificada por el Gobierno de España en el BOE del 21 de Abril de 2008, define en su artículo 2 los “ajustes razonables” como:
Por «ajustes razonables» se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
y en cuanto en su artículo 27.1 sobre Trabajo y empleo dice:
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación.
De hecho, numerosas administraciones públicas (Generalitat Valenciana, Cataluña, Junta de Andalucía, Comunidad de Madrid, Aragón) ya lo contemplan en sus convocatorias, mientras en la Xunta de Galicia, ni un solo empleado público tiene discapacidad intelectual.
La respuesta del Director Xeral, fue favorable y receptiva a nuestra solicitud , confiamos que se cumpla lo que por derecho, corresponde a las personas con discapacidad intelectual.
